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Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles

Vie, 30/01/2015 - 00:32 -- Valencia Comkal

Tras la reciente publicación de informe del TRIBUNAL DE CUENTAS sobre la actuación del ministerio de trabajo y del Fondo de Garantía Salarial, ( FGS) denunciando la aprobación de expedientes fraudulentos, el desastre de la gestión y sobrecostes elevando el coste por expediente 11 veces, la posible nulidad de 150.000 expedientes, la nefasta actuación en cuanto a los expedientes aprobados con enormes errores en las resoluciones que han generado una avalancha de demandas en los juzgados, hasta el extremo que en Valencia el 60% de las demandas que entran en decanato son relacionadas con resoluciones incorrectas del fondo de Garantia salarial se han producido diversas novedades importantes para conocimiento de la ciudadanía y los profesionales.

Desde nuestra asociación se ha venido reclamando que los enormes retrasos de hasta dos años y medio debían tener su justa sanción, como minimo mediante el pago de los intereses conforme al tipo legal vigente del 4%. Hasta este momento la abogacía del estado venia oponiéndose a que dicha reclamación se viera en la jurisdicción social alegando incompetencia de jurisdicción. La causa de tratar de desviar a otros juzgados este tipo de reclamación esta basado en un trato mucho mas favorable en dicha jurisdicción donde es muy extraño se condene en costas a la administración. Ademas en la misma es necesario el Pago de Tasas, lo que no ocurre en la jurisdicción social y amen de ello el volumen de retraso en dicha jurisdicción haría que ninguna de dichas demandas diera resultado antes de tres años.

La Fiscalía en cambio, actuando con independencia de criterio y ajustada a la ley había dado su conformidad a la competencia del orden social ante la inactividad de la administración(FGS). Dicho criterio pese a todo no había sido seguido hasta ahora por la mayoría de los juzgados de lo social.

Una novedad importante es que en estos momentos se ha planteado un recurso ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CV , sala de lo social, por parte de la fiscalía provincial adhiriéndose a las tesis de los trabajadores y de esta asociacion Es una novedad importante.

Junto a ello podemos anunciar que por primera vez en todo el estado español se ha dictado la primera sentencia que condena al Fondo de Garantía salarial al abono de intereses a razón del 4% anual, interés legal del dinero. Se trata de una resolución de la máxima trascendencia para todos los trabajadores afectados en numero de mas de 250.000. Ademas deja en absoluta evidencia la inactividad de las centrales sindicales mayoritarias “¿de clase”?.

Desde la Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales y Civiles del País Valenciano, queremos manifestar nuestra alegría por esta sentencia y la iniciativa del ministerio Fiscal, animando a todos/as a seguir adelante en la reclamación por el respeto a los derechos de los trabajadores y a denunciar el fraude en que ha consistido la gestión del Fondo de Garantía Salarial y del ministerio de Trabajo que al privatizar su gestión lo único que ha hecho es cercenar los derechos de los trabajadores dilatando intencionadamente y al servicio de oscuros intereses de carácter lucrativo la resolución de los expedientes. No es de recibo que se justifique la privatización encubierta del FGS para acabar elevando el coste de la tramitación de los expedientes multiplicado por 11. Una vez más se demuestra la falacia del gobierno y que lo privado no es más eficiente ni más agil que lo público ni más barato. Es más El Fondo de Garantía salarial antes de la entrada en el mismo del anterior director JUAN CARLOS ARCE era un organismo modélico que cumplía sus obligaciones para los trabajadores con escrupuloso respeto a la Ley. Es de justicia reconocer la labor de sus funcionarios, que no de sus dirigentes nacionales y provinciales.

Escudándose en la situación de crisis y el incremento de expedientes por las facilidades dadas para el despido por la nefasta reforma laboral cuya derogación inmediata debería ser una exigencia de todas las fuerzas democráticas se ha procedido a una nefasta privatización, con el silencio cómplice de muchos que no han actuado con la contundencia debida.

Se ha dejado de perseguir desde hace años el fraude al Fondo de garantía. En valencia la letrado dedicada a tal labor antes de su cese llego a recuperar 1800 millones de pesetas en su día. Se ha retirado al FGS hace años el respaldo de los subinspectores dedicados a combatir el fraude que se ha multiplicado con la pasividad de la administración que debía impedirlo. En vez de ello el fraude en el pago de las prestaciones es sistemático con increíbles y sistemáticos errores hasta en los cálculos matemáticos ( 50X12: 6000 no 3700 como hemos llegado a oír en juicio) Dichos errores no pueden existir con los métodos informáticos y programas existentes. Es falso.

Este retraso superior a dos años, más el retraso de dos años en los señalamientos a juicio, por el colapso judicial que ha generado entre otros el propio fondo de garantía salarial, ha agravado el sufrimiento de una parte de la población que además de perder el puesto de trabajo, ha visto reducidas sus coberturas a la mitad merced a la reforma laboral inicua aprobada por esa mayoría absoluta del PP. Los trabajadores han llegado a agotar el desempleo e incluso el subsidio sin percibir un dinero que el supuesto estado del bienestar que rescata bancos y banqueros y que debía abonar en tres meses se abonara hasta que llegaba la víspera del juicio o como en navidad del 2014 los procesos electorales.

Entendemos que existen elementos de juicio suficientes a partir del informe del TRIBUNAL DE CUENTAS para solicitar se amplíen las diligencias de investigación existentes en fiscalía para exigir responsabilidades a los gestores de este ente. Incluso del Ministerio y que procede además que dichas diligencias sean elevadas a la Audiencia nacional hasta la total depuración de responsabilidades si existen fraudes como se denuncia y POR POSIBLE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Nuestra asociación se dirigirá de inmediato a la Fiscalía en ese sentido. Por lo demás animamos a profesionales y trabajadores a seguir exigiendo y denunciando la violación de sus derechos.

La justicia debe ser ágil y eficaz , la justicia lenta no es justicia. Nuestra justicia necesita una reforma integral y que el principio de condena en costas a la administración se aplique, ya que es la misma administración del estado la que colapsa los órganos judiciales, negándoles medios por una parte y dificultando su funcionamiento al provocar su colapso. De esa forma disuade de reclamar ante la lentitud e ineficacia de la misma. Ello constituye una destrucción intencionada y sistemática del estado de derecho. Sin una justicia rápida y ágil que controle la administración y el poder político no existe un estado de derecho, no hay democracia y la libertad es una ficción. Tenemos libertad para morirnos de hambre es la filosofía del gobierno, pero eso si en silencio y sin juntarse más de tres y nada de molestar a sus señorías.

Exigimos la inmediata derogación de la ley mordaza y la oposición activa en la calle, parlamento y en todos los centros a las reformas del código penal y ley de enjuiciamiento criminal que nos hacen retroceder 150 años. La democracia esta en grave riesgo con dichas normas , que se verá agravada con los previstos pactos inconfesables de las fuerzas mayoritarias con la normativa antiterrorista.

Terrorismo es también desahuciar a la gente de sus casas, terrorismo es dejar que se colapsen las urgencias de los hospitales , terrorismo es hacer que la mayoría de la población trabaje por menos de 1000 euros al mes, o que trabaje en contratos eventuales basura. Terrorismo es recortar y denegar las ayudas a la dependencia dejando que los enfermos mueran por falta de medicación como con los de Hepatitis C, con el cierre de urgencias nocturnas, o que los dependientes mueran sin haber recibido nunca las ayudas. Terrorismo es muchas más cosas de las que desde el gobierno y los medios a su disposición nos venden para recortar nuestros derechos alimentando nuestros miedos. El terrorismo para el pueblo y los trabajadores no tiene forma de encapuchado siempre.

Por ello la acción de la sociedad civil es necesaria para impedir esta situación y acabar con el estado del terror que representan el paro, y la corrupción. Solo la acción de la sociedad civil puede impedir el terrorismo. Lo que verdaderamente aterroriza a la mayoría de la población es el miedo a perder el puesto de trabajo, la casa, la dignidad, el propio respeto al que tenemos derecho como seres humanos, mientras otros se dan la gran vida con los impuestos que deben gestionar al servicio de la ciudadanía.

Valencia, a 28 de enero de 2015

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS SOCIALES Y CIVILES DEL PAÍS VALENCIANO

Fdo: Ricardo Cano Zamorano, abogado

Presidente